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Abogado de accidentes de tráfico

Abogados de accidentes de tráfico. Máxima indemnización.

 

En Rovira Llor obtendremos la máxima indemnización por accidente de tráfico que pueda corresponderle. Nuestros honorarios como abogados de accidente constituirán un porcentaje de cantidad obtenida y, en muchos casos, usted podrá repercutir esos gastos a las compañías aseguradoras. Las compañías aseguradoras a menudo se acogen a criterios de valoración de su accidente de tráfico que no le garantizan en absoluto la mejor solución. Si ha tenido un accidente de tráfico y ha tenido que estar de baja, ha sufrido daños materiales a consecuencia del accidente, conserva secuelas derivadas del mismo y un sinfín de casos adicionales, somos los abogados de accidente de tráfico que necesita y puede contar con nosotros.

Los plazos para obtener la máxima indemnización por accidente de tráfico suelen ser breves de manera que debe iniciar su reclamación por accidente lo antes posible. En nuestro despacho de abogados calcularemos la cantidad máxima que puede corresponderle en base a numerosos criterios y baremos que, en la gran mayoría de casos que atendemos, son obviados por las compañías de seguro. Nuestro equipo de abogados de accidentes de tráfico le asesorará en materia de indemnizaciones ya que no trabajamos para ninguna aseguradora.

Contamos con nuestros propios peritos médicos para los casos más complejos a fin de establecer en todo momento la máxima cuantía en indemnización por accidente. Con nuestra experiencia como abogados y respaldados por los mejores peritos de accidentes de tráfico, definiremos la mejor manera de abordar su caso de accidente, si importar en qué fase se encuentre y siempre teniendo en cuenta que el tiempo corre a favor de las aseguradoras y no del accidentado.

 

La Ley 35/2015, de 22 de septiembre de reforma del Sistema para la Valoración de los Daños y Perjuicios Causados a las Personas en Accidentes de Circulación, introduce como ANEXO al Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor (Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre), el sistema de valoración de los daños corporales causados en accidentes de circulación, buscando la reparación íntegra del daño causado:

«La reforma debe inspirarse y respetar los principios básicos de la indemnización del daño corporal; básicamente el de la total indemnidad de los daños y perjuicios padecidos para situar a la víctima en una posición lo más parecida posible a la que tendría de no haberse producido el accidente; el de vertebración que requiere que se valoren por separado los daños patrimoniales de los no patrimoniales, y dentro de cada clase, separar los diferentes subconceptos de daño, sin solapamientos ni lagunas, superando el recurso a la valoración global del daño moral y los perjuicios económicos».

La Ley 35/2015, de 22 de septiembre introduce un nuevo título en el Texto Refundido, por la que incorpora 112 artículos, agrupados en dos capítulos.

El primero se refiere a disposiciones generales y definiciones y el segundo incluye las reglas para la valoración del daño corporal, que divide en tres grandes apartados:

  • INDEMNIZACIONES POR CAUSA DE MUERTE.
  • INDEMNIZACIONES POR SECUELAS.
  • INDEMNIZACIONES POR LESIONES TEMPORALES.

Los tres grupos de indemnización tienen, a su vez, 3 grandes subapartados que la Ley denomina como A, B, C.

  1. Perjuicio Personal Básico.
  2. Perjuicio Particular, en el que se engloba el daño moral.
  3. Perjuicio Patrimonial (daño emergente y lucro cesante).

El apartado C sustituye los antiguos factores de corrección del baremo que se utilizaban para indemnizar el lucro cesante. El actual baremo desarrolla los criterios para su valoración, se engloban dentro de estos la indemnización por gastos de asistencia médica futuros (cirugía, prótesis, órtesis, fisioterapia, etc.), sin dejar fuera a aquellas personas que no tienen un trabajo remunerado como son las que se dedican al hogar.

En la primera tabla: Indemnizaciones por causa de muerte, el baremo distingue entre el perjuicio patrimonial básico conformado por los gastos razonables que cause el fallecimiento, tales como desplazamientos, manutención, alojamiento y otros análogos de familiares allegados, con un tope de 400€; y por otro lado, los gastos específicos para el traslado del fallecido, su repatriación, entierro, funeral, etc.

En la tabla segunda de las secuelas, se indemnizan además de los gastos de asistencia sanitaria, aquellos que es previsible se devenguen en un futuro (por ejemplo, operaciones quirúrgicas para reimplantar prótesis y ortesis, así como la posterior rehabilitación domiciliaria y/o ambulatoria, toda vez que dichos materiales tienen una determinada fecha de caducidad que requiere de su sustitución). También contempla la indemnización de aquellos gastos derivados de la pérdida de la autonomía personal a causa de la lesión, tales como los necesarios para la rehabilitación de la vivienda, así como la indemnización por «perjuicio patrimonial por incremento de los costes de movilidad», que, entre otros, comprende la adaptación del vehículo a motor.

Se incluye dentro del resarcimiento del daño el coste de terceras personas para llevar a cabo las actividades principales de la vida diaria, en función del número de horas que la víctima requiera de dicha ayuda.

Por último, la tercera tabla, sobre lesiones temporales, distingue entre «gastos de asistencia sanitaria» y «gastos diversos resarcibles» dentro de este último apartado se engloban todos aquellos gastos provocados por la lesión en el desarrollo de la vida diaria de la víctima (incremento de los costes de movilidad del lesionado, desplazamientos de familiares para atenderle, gastos necesarios para que queden atendidos él o los familiares menores o especialmente vulnerables de los que se ocupaba).

Abogado accidentes de Tráfico en Barcelona - Máxima Indemnización

Pero es, sin duda, el lucro cesante, el apartado más elaborado y ambicioso de la reforma mediante la introducción de un sistema actuarial que utiliza dos conceptos: multiplicando y multiplicador, para determinar el importe a percibir por el lesionado por este concepto, conformando el multiplicando los ingresos netos de la víctima. En defecto de ingresos (amas de casa) se valorará la dedicación exclusiva o parcial a las tareas del hogar, así como la pérdida de la oportunidad de trabajo de aquellas personas como menores o estudiantes que todavía no han accedido al mercado laboral, estableciendo en estos casos un determinado multiplicando para poder resarcir el valor de las pérdidas correspondientes.

El multiplicador es un coeficiente que se obtendrá tras combinar diversos factores (duración del perjuicio, riesgo de fallecimiento, la tasa de interés de descuento o el importe percibido por el lesionado en concepto de pensiones públicas).

Otra novedad del actual baremo es la introducción de la indemnización de los perjuicios extrapatrimoniales en los casos de muerte de la víctima, que hasta ahora se configuraban como grupos excluyentes entre sí. La reforma introduce cinco grandes grupos, que la Ley considera como perjudicados en todo caso, siendo resarcibles cada grupo, en idéntica cantidad, y ello con independencia de que concurran estas personas con otros grupos de perjudicados. De este modo, cada perjudicado obtiene de modo autónomo la indemnización correspondiente a su categoría como «perjuicios particulares».

 

¿Qué indemnización por accidente de tráfico me corresponde?

TABLA I: INDEMNIZACION POR CAUSA DE MUERTE:

  1. PERJUICIO PERSONAL BÁSICO (Cónyuge. Ascendientes. Descendientes. Hermanos. Allegados).

 

  1. PERJUICIO PERSONAL PARTICULAR (resarcimiento, discapacidades, convivencia con el fallecido, perjudicado familiar único, fallecimiento de un progenitor único, de ambos progenitores, de hijo único, de embarazada con pérdida de feto, perjuicio excepcional).

 

  1. PERJUICIO PATRIMONIAL (Perjudicados, Daño emergente, Lucro Cesante, Cálculos actuariales: Multiplicandos y Multiplicadores).

 

TABLA II: INDEMNIZACIONES POR SECUELAS:

  1. PERJUICIO PERSONAL BÁSICO: Comprenderá la indemnización del perjuicio psicofísico, más daño moral, más perjuicio estético. Las tablas serán inversamente proporcionales a la edad de la víctima y sus cuantías se incrementarán a medida que sea más alta la puntuación. La puntuación mínima será de 1 punto y la máxima de 100. Cada secuela solo podrá valorarse una vez, no se contemplarán las secuelas que deriven de otras, la puntuación de varias secuelas en una articulación, miembro, aparato o sistema no podrá sobrepasar la que corresponda a su pérdida total. El perjuicio psicofísico se sumará al perjuicio estético para obtener el valor final. El perjuicio estético será cualquier lesión que menoscabe la imagen de la persona, su resarcimiento es compatible con el coste de cirugía plástica reparadora del daño. La imposibilidad de reparación incrementa su puntuación. El perjuicio estético podrá ser: Importantísimo, Muy Importante, Importante, Medio, Moderado, Ligero.

 

  1. PERJUICIO PERSONAL PARTICULAR: Pérdida del feto; perjuicio excepcional (hasta el 25% de incremento); perjuicio psicofísico, orgánico o sensorial (cuando una sola secuela alcance 60 puntos o más; o tras aplicar la fórmula de Balthazar alcance 80 puntos o más), perjuicio estético (cuando la puntuación es de 36 o más) y perjuicio por pérdida de calidad de vida (muy grave, grave, moderada o leve) y perjuicio moral por pérdida de calidad de vida de familiares de grandes lesionados (también cuando se sobrepasen los 80 puntos).

 

  1. PERJUICIO PATRIMONIAL: Gastos de asistencia sanitaria futura (cirugía, estancia hospitalaria, prótesis, ortesis, fisioterapia, rehabilitación); secuelas que en todo caso comportan la compensación (estados de coma, vegetativos crónicos, lesiones medulares, amputaciones); Ayudas técnicas o productos de apoyo para la autonomía personal; adecuación de la vivienda (con un importe máximo de 150.000€); perjuicio patrimonial por el incremento de los costes de movilidad; ayuda de terceras personas (en función del número de horas); Lucro cesante (multiplicando y multiplicador).

TABLA III. INDEMNIZACIÓN POR LESIONES TEMPORALES:

Son las que sufre el lesionado desde el día del accidente hasta el final de su proceso curativo o estabilización de la lesión.

  1. PERJUICIO PERSONAL BÁSICO: Su valoración económica viene establecida en la tabla 3ª.

 

  1. PERJUICIO PERSONAL PARTICULAR: Perjuicio personal por pérdida temporal de calidad de vida (Muy grave: el lesionado pierde temporalmente su autonomía personal para realizar casi la totalidad de las actividades esenciales de la vida diaria, ejemplo: ingreso en la UCI; Grave: El lesionado pierde temporalmente su autonomía para realizar una parte relevante de las actividades esenciales de la vida diaria, ejemplo: ingreso en hospital; Moderado: El lesionado pierde temporalmente la posibilidad de realizar sus actividades específicas de la vida diaria; perjuicio básico: Baja médica sin incapacidad para trabajar o desarrollar las actividades esenciales de la vida diaria).

 

 

  1. PERJUICIO PATRIMONIAL: Se indemnizarán los gastos de asistencia sanitaria, importe de las prótesis, ortesis y productos de apoyo para la autonomía personal que por prescripción facultativa necesite el lesionado hasta el final del proceso curativo, habitualmente las entidades aseguradoras pagarán directamente al hospital los gastos de asistencia sanitaria, gastos de desplazamiento al hospital o a fisioterapia o tratamiento médico u ambulatorio, gastos que la lesión cause en el desarrollo de la vida diaria que consten justificados, indemnización por pérdida o disminución de la dedicación a las tareas del hogar es incompatible con el resarcimiento de gastos generados por la sustitución de estas tareas, por último indemnización por pérdida o disminución temporal de ingresos netos provenientes del trabajo personal del lesionado.

 

Breve consideración sobre el latigazo cervical: Los traumatismos menores en la columna cervical será preceptiva para su indemnización de un informe médico de su existencia tras el periodo de lesión temporal, y sólo se indemnizarán si dan los siguientes criterios:

  1. Que no medie otra causa que justifique dicha patología.
  2. Que la sintomatología aparezca dentro de las 72 horas posteriores al accidente.
  3. Que haya una relación entre la zona corporal afectada por el accidente y la lesión cervical.
  4. Que haya una adecuación suficiente entre la lesión y el mecanismo de su producción.

*Ejemplo de tablas de indemnización por accidente de tráfico en Barcelona de UNESPA para 2020.

 

Ejemplo de indemnización en accidentes de tráfico con incapacidad temporal.

La incapacidad temporal constituye el tiempo efectivo hasta la total recuperación y curación de las lesiones tras accidente de tráfico. En ningún caso debemo confundir la incapacidad laboral por accidente con la baja laboral ya que, aunque pueden parecer similares no lo son en absoluto y su indemnización por accidente en Barcelona puede verse afectada por un error a la hora de manejar estos conceptos. Las compañías aseguradoras, a menudo, convierten ambos conceptos en uno solo afectando sustancialmente en su propio beneficio, la indemnización que corresponda en el caso de accidente de tráfico. Esta práctica puede darse sobre todo en pacientes que están en situación de desempleo, son estudiantes o están ya jubilados. El cálculo de su indemnización tras un accidente de tráfico debe atender siempre al tiempo efectivo real de curación, desde el momento en que se produce el accidente de tráfico hasta que se estabilizan las lesiones en su totalidad independientemente de si el afectado por accidente de tráfico está de baja laboral o no.

Como ejemplo de cálculo de indemnización por accidente de tráfico con secuelas le proponemos a un afectado por accidente que debe pasar 30 días en reposo con relajantes musculares debido a un esguince o latigazo cervical a raíz del accidente de tráfico; después de estos 30 días el  paciente inicia una rehabilitación que dura otros 30 días. Cuando culmina este período de rehabilitación prescrito como tratamiento tras el accidente los dolores cervicales persisten. El lesionado acude otra vez a su médico que le receta entonces algún medicamento para paliar el dolor o pauta más sesiones de rehabilitación. Ante este caso, lo normal es considerar 60 días de curación + secuelas posteriores ya que el segundo tratamiento tras el accidente de tráfico no está orientado a curar sino a mitigar el dolor y otros síntomas residuales.

Los 60 días de curación, en este caso,  deben tenerse en cuenta tras este accidente de tráfico con independencia de si existía o no baja laboral tras el período inicial de 30 días. Las aseguradoras a menudo tienden a aprovechar situaciones de desempleo o de pacientes estudiantes o jubilados para orientar la normativa en su propio beneficio y ahorrar en costes de indemnización por el accidente. En estas situaciones será necesario acudir a un abogado especialista en accidentes de tráfico que tras asesorar al cliente de la mejor manera, permitirá al lesionado acudir a un médico forense del juzgado (tras presentar la denuncia correspondiente) que valorará las lesiones y secuelas permitiendo a nuestros abogados establecer el cálculo correcto (siempre más provechoso) de la indemnización por accidente de tráfico que corresponde al cliente.

 

Indemnización por accidente de tráfico con incapacidad permanente.

La reclamación de los daños corporales derivados de accidentes de circulación:

La Ley introduce un sistema extrajudicial para la indemnización de los daños y perjuicio corporales derivados de accidente de circulación, previo y necesario a la interposición de cualquier acción judicial. Así el art. 7 de la Ley preceptúa:

«[…] No obstante, con carácter previo a la interposición de la demanda judicial, deberán comunicar el siniestro al asegurador, pidiendo la indemnización que corresponda. Esta reclamación extrajudicial contendrá la identificación y los datos relevantes de quien o quienes reclamen, una declaración sobre las circunstancias del hecho, la identificación del vehículo y del conductor que hubiesen intervenido en la producción del mismo de ser conocidas, así como cuantas información médica, asistencial o pericial, o de cualquier otro tipo tengan en su poder que permita la cuantificación del daño. Esta reclamación interrumpirá el cómputo del plazo de prescripción desde el momento en que se presente al asegurador obligado a satisfacer el importe de los daños sufridos al perjudicado. Tal interrupción se prolongará hasta la notificación fehaciente al perjudicado de la oferta motivada o respuesta motivada definitiva […] En el plazo de tres meses desde la recepción de la reclamación por el perjudicado, tanto si se trata de daños personales como en los bienes, el asegurador deberá presentar una oferta motivada de indemnización si entendiere acreditada la responsabilidad y cuantificado el daño, que cumpla los requisitos del apartado 3 de este artículo. En caso contrario, o si la reclamación hubiese sido rechazada, dará una respuesta motivada que cumpla los requisitos del apartado 4 de este artículo. A estos efectos, el asegurador, a su costa, podrá solicitar previamente los informes periciales privados que considere pertinentes, que deberá efectuar por servicios propios o concertados, si considera que la documentación aportada por el lesionado es insuficiente para la cuantificación del daño […] Transcurrido el plazo de tres meses sin que se haya presentado una oferta motivada de indemnización por una causa no justificada o que le fuera imputable al asegurador, se devengarán intereses de demora, de acuerdo con lo previsto en el art. 9 de esta Ley. Estos mismos intereses de demora se devengarán en el caso de que, habiendo sido aceptada la oferta motivada por el perjudicado, esta no sea satisfecha en el plazo de cinco días, o se consigne para pago la cantidad ofrecida»

De cuanto antecede, la vigente Ley establece como requisito previo de procedibilidad la reclamación al asegurador del daño, reclamación que deberá contener los datos relacionados en la Ley.

Una vez recibida la reclamación por parte del asegurador este, dentro de los tres meses siguientes, podrá solicitar del perjudicado que el mismo sea examinado por los servicios médicos propios o concertados, que baremarán y valorarán los daños sufridos a efectos de emitir la correspondiente oferta motivada.

Si el lesionado se negase a ser examinado por los médicos indicados por la aseguradora, esta ante la falta de periciales médicas suficientes para realizar dicha oferta podrá demorarla, sin incurrir por ello en mora alguna.

Si de los informes médicos aportados, o del examen médico realizado por los servicios de la aseguradora se desprende que las lesiones padecidas requieren de un periodo de tratamiento superior a los tres meses, el asegurador, con su oferta motivada ofrecerá un pago a cuenta, debiendo actualizar dichos informes cada dos meses, ofreciendo pagos a cuenta hasta el alta médica definitiva o estabilización de las secuelas.

Una vez el lesionado disponga de la alta médica realizará la oferta motivada al lesionado donde baremara y valorará todos los daños y perjuicios sufridos relacionando los pagos a cuenta ya realizados y fijando el importe final a satisfacer.

En caso de que el lesionado no esté conforme con la baremación y valoración realizada por la aseguradora, la Ley establece que:

«5. En caso de disconformidad del perjudicado con la oferta motivada, las partes, de común acuerdo y a costa del asegurador, podrán pedir informes periciales complementarios, incluso al Instituto de Medicina Legal siempre que no hubiese intervenido previamente. Esta misma solicitud al Instituto de Medicina Legal podrá realizarse por el lesionado, aunque no tenga el acuerdo de la aseguradora, y con cargo a la misma. El Instituto de Medicina Legal que deba realizar el informe solicitará a la aseguradora que aporte los medios de prueba de los que disponga, entregando copia del informe pericial que emita a las partes.

Asimismo, el perjudicado también podrá solicitar informes periciales complementarios, sin necesidad de acuerdo del asegurador, siendo los mismos, en este caso, a su costa.

Esta solicitud de intervención pericial complementaria obligará al asegurador a efectuar una nueva oferta motivada en el plazo de un mes desde la entrega del informe pericial complementario, continuando interrumpido el plazo de prescripción para el ejercicio de las acciones judiciales. En todo caso, se reanudará desde que el perjudicado conociese el rechazo de solicitud por parte del asegurador de recabar nuevos informes».  

Una vez ultimada la oferta vinculante, el lesionado podrá aceptarla o no, en cualquier caso, el pago de la cantidad baremada por la aseguradora será abonada al lesionado o bien consignada judicialmente. La aseguradora no podrá vincular el pago a la renuncia de acciones de ningún tipo, devengándose como pago a cuenta de la indemnización final resultante.

Si el perjudicado no está conforme con la valoración realizada por la aseguradora dispondrá de dos opciones:

Dirigirse al Instituto Legal de Medicina para que los servicios médicos del mismo procedan a realizar una pericial vinculante para la aseguradora, en este caso, la pericial médica del Instituto de Medicina Legal irá de cuenta y cargo de la aseguradora.

Solicitar informes médicos a peritos de su elección, en este caso, el perjudicado deberá pechar con dichos costes.

En este último supuesto, una vez realizada la pericial contradictoria el perjudicado deberá remitirla a la aseguradora, la cual, en el plazo de un mes, deberá enviar una nueva oferta motivada.

 

En caso de que la aseguradora rechace la oferta motivada por entender que no le corresponde abonar la indemnización, o bien entienda que el importe de aquella ya ha sido abonado al perjudicado en los pagos parciales anteriores, la víctima podrá optar por acudir a la vía judicial o a la mediación:

«8. Una vez presentada la oferta o la respuesta motivada, en caso de disconformidad y a salvo del derecho previsto en el apartado 5 de este precepto, o transcurrido el plazo para su emisión, el perjudicado podrá bien acudir al procedimiento de mediación previsto en el art. 14 para intentar solucionar la controversia, o bien acudir a la vía jurisdiccional oportuna para la reclamación de los daños y perjuicios correspondientes. No se admitirán a trámite, de conformidad con el art. 403 de LEC, las demandas en las que no se acompañen los documentos que acrediten la presentación de la reclamación al asegurador y la oferta o respuesta motivada, si se hubiese emitido por el asegurador».

En caso de optar por la mediación el perjudicado dispondrá de dos meses de plazo para acudir a dicha vía desde la negativa a indemnizar por la aseguradora o bien desde la última oferta motivada de indemnización:

«4. Recibida la solicitud de mediación, el mediador o la institución de mediación citará a las partes para la celebración de la sesión informativa. En particular, el mediador informará a las partes de que son plenamente libres de alcanzar o no un acuerdo y de desistir del procedimiento en cualquier momento, así como que la duración de la mediación no podrá ser superior a tres meses, que el acuerdo que eventualmente alcancen será vinculante y podrán instar su elevación a escritura pública al objeto de configurarlo como un título ejecutivo».

De elegir la vía jurisdiccional deberá interponer la correspondiente demanda de reclamación en función de la cuantía, tramitándose bien como juicio ordinario (más de seis mil euros) o verbal (inferior a la anterior cuantía). El partido judicial competente será el del lugar donde se produjo el siniestro.

La demanda judicial podrá dirigirse contra el autor de la infracción y la compañía aseguradora, o bien directamente frente a esta última, en el plazo máximo de un año, teniendo en cuenta que la solicitud de oferta motivada por parte del perjudicado interrumpirá el cómputo de la prescripción. Del mismo modo, la jurisprudencia viene entendiendo que dicho cómputo no contará hasta la estabilización de las lesiones sufridas por el perjudicado.

La Ley actual limita la concurrencia de culpas en el accidente hasta un mínimo del 25% de la indemnización.

Las indemnizaciones finales baremadas de conformidad con el baremo podrán ser objeto de minoración entre un 25 y un 75% de su importe en función de la contribución de la víctima al resultado dañoso, por ejemplo, el caso de un motorista con lesiones cerebrales que no llevaba puesto el casco:

«1.2 Sin perjuicio de que pueda existir culpa exclusiva de acuerdo con el aparado 1, cuando la víctima capaz de culpa civil solo contribuya a la producción del daño se reducirán todas las indemnizaciones, incluidas las relativas a los gastos en que se haya incurrido en los supuestos de muerte, secuelas y lesiones temporales, en atención a la culpa concurrente hasta un máximo del 75%. Se entiende que existe dicha contribución si la víctima, por falta de uso o por uso inadecuado de cinturones, casco u otros elementos protectores, incumple la normativa de seguridad y provoca la agravación del daño […] Las reglas de los dos párrafos anteriores se aplicarán también, si la víctima incumple su deber de mitigar el daño. La víctima incumple este deber si deja de llevar a cabo una conducta generalmente exigible que, sin comportar riesgo alguno para su salud o integridad física, habría evitado la agravación del daño producido y, en especial, si abandona de modo injustificado el proceso curativo». 

¿A qué indemnización tengo derecho?

Cuestión diferente a la anterior, es que las lesiones corporales se produzcan a consecuencia de una imprudencia grave o muy grave respecto de las normas de circulación.

En este caso, se incoará un proceso penal por Delito Leve o por Delito grave (vid., tutorial sobre Reforma Penal en accidentes de tráfico).

La reforma operada en el Código Penal por Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, introdujo un nuevo artículo 152 del siguiente tenor literal:

«Art. 152 CP: El que por imprudencia grave causare alguna de las lesiones previstas en los artículos anteriores será castigado, en atención al riesgo creado y el resultado producido:

1º. Con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a dieciocho meses, si se tratare de las lesiones del apartado 1 del art. 147.

2º. Con la pena de prisión de uno a tres años, si se tratare de las lesiones del art. 149.

3º. Con la pena de prisión de seis meses a dos años, si se tratare de las lesiones del art. 150.

Si los hechos se hubieran cometido utilizando un vehículo a motor o un ciclomotor, se impondrán, asimismo, la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de uno a cuatro años. A los efectos de este apartado, se reputará en todo caso imprudencia grave la conducción en la que la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el art. 379 determinará la producción del hecho […]

  1. El que por imprudencia menos grave causare alguna de las lesiones a que se refieren los arts. 147.1; 149 y 150; será castigado con la pena de multa de tres meses a doce meses.

 Si los hechos se hubieran cometido utilizando un vehículo a motor o un ciclomotor, se impondrán, también, la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de tres meses a un año. Se reputará imprudencia menos grave, cuando no sea calificada de grave, siempre que el hecho sea consecuencia de una infracción grave de las normas sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, apreciada la entidad de esta por el Juez o Tribunal […] El delito previsto en este apartado sólo será perseguible mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal».

De cuanto antecede, si las lesiones o daños corporales sufridos a consecuencia de un accidente de tráfico, lo son por alguna de las causas expresadas en los arts. 379, 380 ó 381 del CP, estaremos ante un delito de lesiones por imprudencia grave:

«Art. 379.1. El que condujere un vehículo de motor o un ciclomotor a velocidad superior en sesenta kilómetros por hora en vía urbana o en ochenta kilómetros por hora en vía interurbana a la permitida reglamentariamente, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y, en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.

  1. Con las mismas penas será castigado el que condujere un vehículo de motor o ciclomotor bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas. En todo caso será condenado con dichas penas el que condujere con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 miligramos por litro o con una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 gramos por litro».

«Art. 380.1. El que condujere un vehículo a motor o un ciclomotor con temeridad manifiesta y pusiere en concreto peligro la vida o la integridad de las personas será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta seis años.

  1. A los efectos del presente precepto se reputará manifiestamente temeraria la conducción en la que concurrieren las circunstancias previstas en el apartado primero y en el inciso segundo del apartado segundo del artículo anterior».

«Art. 381.1. Será castigado con las penas de prisión de dos a cinco años, multa de doce a veinticuatro meses y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante un período de seis a diez años el que, con manifiesto desprecio por la vida de los demás, realizare la conducta descrita en el artículo anterior.

  1. Cuando no se hubiere puesto en concreto peligro la vida o la integridad de las personas, las penas serán de prisión de uno a dos años, multa de seis a doce meses y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por el tiempo previsto en el párrafo anterior».

Es decir, cuando la causa del accidente sea:

  • Conducir a velocidad superior en 60 km/h en vía urbana, u 80 km/h en vía interurbana a la permitida reglamentariamente.
  • Conducir bajo la influencia de drogas tóxicas, sustancias estupefacientes, sustancias psicotrópicas o bebidas alcohólicas.
  • Conducir con temeridad manifiesta poniendo en peligro concreto la vida de los demás.

Las lesiones por imprudencia grave darán lugar a la tramitación de Diligencias Previas que incoará de oficio el Juez de Instrucción, o a instancias del Ministerio Fiscal, las cuales se transformarán posteriormente en un procedimiento abreviado. En el seno de este proceso se dirimirán tanto los daños corporales como los materiales.

La víctima será reconocida por el médico forense que dictará pericial médica de valoración, en función de los informes médicos que se le hayan ido presentando.

 

Sin perjuicio de la tramitación del proceso penal, el juez de instrucción podrá fijar una pensión provisional con cargo al seguro obligatorio, para atender a la víctima y a las personas que del mismo dependan y hasta el límite del seguro obligatorio:

«Art. 765.1. En los procesos relativos a hechos derivados del uso y circulación de vehículos de motor el Juez o Tribunal podrá señalar y ordenar el pago de la pensión provisional que, según las circunstancias, considere necesaria en cuantía y duración para atender a la víctima y a las personas que estuvieren a su cargo. El pago de la pensión se hará anticipadamente en las fechas que discrecionalmente señale el Juez o Tribunal, a cargo del asegurador, si existiere, y hasta el límite del seguro obligatorio, o bien con cargo a la fianza o al Consorcio de Compensación de Seguros, en los supuestos de responsabilidad civil del mismo, conforme a las disposiciones que le son propias. Igual medida podrá acordarse cuando la responsabilidad civil derivada del hecho esté garantizada con cualquier seguro obligatorio. Todo lo relacionado con esta medida se actuará en pieza separada. La interposición de recursos no suspenderá la obligación de pago de la pensión».

Es de señalar que la persona denunciada será condena tan sólo por el delito de lesiones del art. 153.1 CP, por disposición expresa de lo establecido en el art. 382:

«Art. 382 CP: Cuando los actos sancionados en los arts. 379, 380 y 381 se ocasionare además del riesgo prevenido, un resultado lesivo constitutivo de delito, cualquiera que sea su gravedad, los Jueces y Tribunales apreciarán tan sólo la infracción más gravemente penada, aplicando la pena en su mitad superior y condenando en todo caso, al resarcimiento de la responsabilidad civil que se hubiere originado. Cuando el resultado lesivo concurra con un delito del art. 381, se impondrá en todo caso, la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores prevista en este precepto, en su mitad superior»

Si la imprudencia cometida es calificada de menos grave, deberá mediar denuncia del perjudicado para su procedibilidad.

Será considerada imprudencia menos grave la que se cometa por infracción grave de las normas de circulación y seguridad vial, es decir, las contempladas esencialmente en el art. 65.4 de la Ley 18/2009, de 23 de noviembre, por la que se modifica el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial:

«Art. 65.4. Son infracciones graves, cuando no sean constitutivas de delito, las conductas tipificadas en esta Ley referidas a:

  1. a) No respetar los límites de velocidad reglamentariamente establecidos.
  2. b) Circular en un tramo a una velocidad media superior a los límites establecidos reglamentariamente.
  3. c) Incumplir las disposiciones de esta Ley en materia de prioridad de paso, adelantamientos, cambios de dirección o sentido y marcha atrás, sentido de la circulación, utilización de carriles y arcenes y, en general, toda vulneración de las ordenaciones especiales de tráfico por razones de seguridad o fluidez de la circulación.
  4. d) Parar o estacionar en el carril bus, en curvas, cambios de rasante, zonas de estacionamiento para uso exclusivo de personas con discapacidad, túneles, pasos inferiores, intersecciones o en cualquier otro lugar peligroso o en el que se obstaculice gravemente la circulación o constituya un riesgo, especialmente para los peatones.
  5. e) Circular sin hacer uso del alumbrado reglamentario.
  6. f) Conducir utilizando cascos, auriculares u otros dispositivos que disminuyan la obligatoria atención permanente a la conducción.
  7. g) Conducir utilizando manualmente dispositivos de telefonía móvil, navegadores o cualquier otro sistema de comunicación.
  8. h) No hacer uso del cinturón de seguridad, sistemas de retención infantil, casco y demás elementos de protección.
  9. i) Circular con menores de doce años como pasajeros de ciclomotores o motocicletas.
  10. j) No respetar las señales de los Agentes que regulan la circulación.
  11. k) No respetar la luz roja de un semáforo.
  12. l) No respetar la señal de stop o la señal de ceda el paso.
  13. ll) Conducir un vehículo siendo titular de una autorización que carece de validez por no haber cumplido los requisitos administrativos exigidos reglamentariamente en España.
  14. m) La conducción negligente.
  15. n) Arrojar a la vía o en sus inmediaciones objetos que puedan producir incendios o accidentes, o que obstaculicen la libre circulación.

ñ) No mantener la distancia de seguridad con el vehículo que le precede.

  1. o) Circular con un vehículo que incumpla las condiciones técnicas reglamentariamente establecidas, salvo que pudieran estimarse incluidas en el apartado 5.ll) siguiente, así como las infracciones relativas a las normas que regulan la inspección técnica de vehículos.
  2. p) Incumplir la obligación de todo conductor de verificar que las placas de matrícula del vehículo no presentan obstáculos que impidan o dificulten su lectura e identificación.
  3. q) No facilitar al Agente de la autoridad su identidad ni los datos del vehículo solicitados por los afectados en un accidente de circulación, estando implicado en el mismo.
  4. r) Conducir vehículos con la carga mal acondicionada o con peligro de caída.
  5. s) Conducir un vehículo teniendo suspendida la autorización administrativa para conducir o prohibida su utilización por el conductor.
  6. t) Circular con un vehículo cuyo permiso de circulación está suspendido.
  7. u) La ocupación excesiva del vehículo que suponga aumentar en un 50 por ciento el número de plazas autorizadas, excluida la del conductor.
  8. v) Incumplir la obligación de impedir que el vehículo sea conducido por quien nunca hubiere obtenido el permiso o la licencia de conducción correspondiente.
  9. w) Incumplir las normas sobre el régimen de autorización y funcionamiento de los centros de enseñanza y formación y de los centros de reconocimiento de conductores autorizados por el Ministerio del Interior o por los órganos competentes de las Comunidades Autónomas, salvo que pudieran estimarse incluidas en el art. 65.6.e).
  10. x) Circular por autopistas o autovías con vehículos que lo tienen prohibido.
  11. y) No instalar los dispositivos de alerta al conductor en los garajes o aparcamientos en los términos legal y reglamentariamente previstos.
  12. z) Circular en posición paralela con vehículos que lo tienen prohibido».

 

Siempre que, además de la imprudencia grave, se cause alguna de las lesiones descritas en los arts. 147.1, 149 o 150 del Código Penal.

Si el proceso penal concluye mediante Sentencia absolutoria, prevé el art. 13 de la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de Reforma del Sistema para la Valoración de los Daños y Perjuicios causados a las Personas en Accidentes de Circulación, que el Juez antes de archivar el proceso dicte Auto de cuantía máxima indemnizatoria a favor del perjudicado:

«Art. 13 Diligencias en el proceso penal preparatorias de la ejecución: Cuando en un proceso penal, incoado por hecho cubierto por el seguro de responsabilidad civil de suscripción obligatoria en la circulación de vehículos a motor, recayera Sentencia absolutoria, si el perjudicado no hubiera renunciado a la acción civil, ni la hubiera reservado para ejercitarla separadamente, el juez o tribunal que hubiera conocido de la causa dictará auto, a instancia de parte, en el que determinará la cantidad líquida máxima que puede reclamarse como indemnización de daños y perjuicios sufridos por cada perjudicado, amparados por dicho seguro de suscripción obligatoria y según la valoración que corresponda con arreglo al sistema de valoración del Anexo de esta Ley. Se procederá de la misma forma en los casos de fallecimiento en accidente de circulación y se dictará auto que determine la cantidad máxima a reclamar por cada perjudicado, a solicitud de este, cuando recaiga resolución que ponga fin, provisional o definitivamente, al proceso penal incoado, sin declaración de responsabilidad».

*Puede ver un ejemplo de las tablas indemnización por accidente de tráfico en Barcelona aquí.

Con lo cual el perjudicado dispondrá de un título ejecutivo que establecerá una cuantía indemnizatoria máxima que podrá reclamar en el proceso civil correspondiente.

 

En cualquier accidente de tráfico le recomendaremos acudir a un abogado especialista en accidentes, no haga caso a las recomendaciones de la compañía aseguradora cuando le manifieste que su indemnización por accidente está “baremada” y los importes a percibir no admiten modificación alguna, a menudo movido por la tentación de llegar a un acuerdo “cuanto antes” para “zanjar el tema”.

En Abogados Rovira Llor siempre le conseguiremos la máxima indemnización por accidente de tráfico y trataremos su caso con toda atención que merece teniendo en cuenta hasta el último detalle para que en cada caso usted sea indemnizado con la totalidad de lo que en derecho le corresponde.

 

 

 

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